Diana: Hola. Buenos días, tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este evento oficial de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal titulado Equilibrando las inversiones en seguridad: repensar los presupuestos militarizados en América Latina. Mi nombre es Diana y estaré guiando la conversación de hoy.​

Este evento forma parte de una respuesta global al llamado a contribuciones lanzado por la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, UNODA, que busca recoger perspectivas sobre el gasto militar y sus implicaciones. Nuestra conversación nutrirá futuros informes de las Naciones Unidas y diálogos multilaterales sobre desarme y desarrollo.

Hoy, mientras los presupuestos militares crecen en toda América Latina, la pobreza y la desigualdad persisten, la confianza pública se debilita y la paz sostenible sigue fuera de alcance. Este evento reúne a académicas, liderazgos de la sociedad civil, exoficiales militares y personas defensoras de derechos humanos para examinar cómo podemos redirigir nuestros presupuestos y políticas de la militarización hacia la construcción de paz, la justicia y el bienestar.

En nuestro primer panel sobre los costos de la militarización, nuestra principal pregunta será: ¿cómo ha afectado la militarización de la seguridad pública en América Latina a las instituciones democráticas, los derechos humanos y el bienestar social?

Diana: Entonces, primero escucharíamos a Alicia, que me parece no ha llegado, así que podemos saltárnosla. Ya oí a la siguiente panelista que serías tú, Félix.

Félix Madariaga: Perfecto. Voy a hablar de los costos de la militarización, el impacto en la democracia, derechos y tejido social en mi país.

Hoy quiero hablarles sobre los costos de la militarización en Chile, su impacto en la democracia, en los derechos humanos y en el tejido social. Y lo haré desde un momento clave de nuestra historia reciente: el estallido social que ocurrió en Chile el año 2019, donde miles de personas salieron a las calles en todo el país. Cabildos, marchas, asambleas, manifestaciones culturales, pusieron en el centro del descontento el sistema social y económico. Fue una protesta profundamente ciudadana, masiva y pacífica en su origen, en la que transversalmente participaron ancianas, pensionadas, diversidad sexual, profesionales, mujeres, estudiantes…

¿Y cuál fue la respuesta del Estado? La represión. Solo en los cinco primeros meses del estallido, Carabineros disparó 193,000 cartuchos lacrimógenos y lanzó 45,000 granadas químicas a la población. Además, usaron 152,000 cartuchos de perdigones en solo tres meses. Se trató de un uso masivo de armamento llamado "menos letal", pero que dejó graves consecuencias: personas heridas, intoxicadas, con daños oculares, mutilaciones y traumas. Y muchos de estos proyectiles contenían plomo, afectando directamente la salud, sobre todo en niñas, niños y adolescentes que participaron de estas masivas protestas.

Además —para qué decirles— el expresidente de ese momento, el presidente de derecha Sebastián Piñera, le declaró la guerra al pueblo en un discurso a la nación.

Pero esto no fue solo represión: fue también un negocio. Una sola empresa llamada Millenium Limitada fue la responsable del 86% de las escopetas antidisturbios compradas por Carabineros y del 100% de las carabinas lanzagases. Vendieron cartuchos lacrimógenos por 370,000 y escopetas y carabinas por más de 500,000. Esta empresa tiene como dueño mayoritario a Salomón Goldbaum, conocido por apoyar ideas de ultraderecha y la campaña presidencial en Chile de José Antonio Kast. Es decir, detrás de la represión hubo ideología y negocios.

También las consecuencias humanas fueron devastadoras. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, hasta octubre del 2020, 3,838 personas resultaron heridas por agentes del Estado. 1,580 eran menores de edad. Y 298 fueron impactadas directamente por bombas lacrimógenas. Y todas y todos sabemos que en los ojos hubo muchos daños oculares.

Estas cifras no son un error ni hechos aislados. Son parte de una política de represión sistemática, una violencia ejercida desde el Estado que dejó marcas en cuerpos, en comunidades y en nuestra confianza democrática. Es tan devastador que van a cumplirse seis años del estallido social y el Estado aún no comienza a pensar cómo reparar el mal causado a la sociedad chilena.

Entonces, nos preguntamos: ¿cuáles son los costos de militarización? No solo hablamos de millones de dólares gastados en armas. Hablamos de miles de víctimas, de una ciudadanía vulnerada y de una democracia totalmente debilitada.

Cuando el Estado responde con violencia a la protesta social, no solo reprime cuerpos: también reprime voces, ideas y derechos.

Hoy trabajamos en Sintras, que es un centro de salud mental que apoyó a las víctimas de la dictadura militar de Pinochet y hoy apoya a las víctimas del estallido social para visibilizarles. Muchas de ellas, con daño ocular, hoy en día se han suicidado porque no tienen justicia. Y esto tiene un costo altísimo para la democracia y para el futuro.

Yo tomé este ejemplo, y en Chile hay muchos más. Más de 50 años del golpe de Estado, y ojalá tendríamos otro momento para hablar de lo que ha sido la militarización en las tierras de los mapuches en Chile. Ya son tres años de militarización en la zona.

Muchas gracias a todos y a todas. Eso es.

Diana: Muchas gracias por su participación. Creo que también hay mucha información de la que, a pesar de estar en la misma región, desconocemos la situación de Chile que en años recientes también es algo que deberíamos tomar en cuenta, me parece. Eh, muchas gracias por su participación. Este… Julio Yao, si puede prender su micrófono y su cámara.

Julio Yao: ¿Cuándo me daréis la palabra? Aló… Ya se había perdido el audio. Ajá. Entonces, ¿que debo proseguir a decir cómo está la situación actual? En realidad, en la historia de Panamá con Estados Unidos —o mejor dicho, en la historia nacional desde el siglo XIX— el rol de los Estados Unidos ha sido exageradamente preponderante a favor de los intereses imperialistas.

En la actualidad, nosotros hemos retrocedido a principios del siglo XX, cuando recién nos independizamos de Colombia con un tratado impuesto por Estados Unidos que ningún panameño firmó y que fue una total venta, entre comillas, al imperialismo norteamericano. Lo que sucede actualmente es una especie de regreso a las primeras etapas de la República, en que luchábamos como ahora estamos luchando en contra de esas medidas.

Lo más importante del actual momento es que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, hicieron firmar a Panamá un memorándum de entendimiento, un acuerdo que contiene básicamente los puntos más graves.

El primero es que Estados Unidos nos pidió romper con la Ruta de la Seda, con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, cuando Panamá fue el primer país que ingresó a esa iniciativa en el año 2018. Y actualmente, los Estados Unidos nos ha pedido que los barcos norteamericanos —sean de la US Navy, o sea, de la Armada norteamericana, o sean barcos comerciales— pasen completamente gratis por Panamá. Esa es una absurda imposición que no solamente viola el Tratado de Neutralidad firmado con Estados Unidos, sino que viola otro tipo de acuerdos, amén de que viola la Carta de la ONU y el derecho internacional público. Nosotros estamos completamente en contra de todo eso.

Estados Unidos también nos ha pedido —aunque no lo dicen en esas palabras— establecer bases militares en Panamá. Esas bases militares son las mismas que estaban antes de los tratados Torrijos-Carter: en Fuerte Sherman (Colón), en Rodman y acá en el Pacífico. O sea, que esas tres bases han sido revividas, resucitadas, por la imposición actual del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Y hay otras concesiones que explican por qué la crisis en Panamá se está dando con fuerte represión. El gobierno se ha convertido en una feroz dictadura y no hay forma de disimularlo ni llamarlo de otra forma. Entonces, nosotros consideramos que el país está en una situación sumamente delicada.

Actualmente, las fuerzas populares —que incluyen estudiantes, médicos, profesoras, trabajadores de la construcción, todo el movimiento indígena de Panamá— están en contra del gobierno y hay una represión brutal. Se ha gastado muchísimo y hemos visto los videos en donde se demuestra el uso masivo de gases lacrimógenos en una y otra localidad para aplastar la revuelta popular, porque no hay otra forma de llamarla: es una revuelta por la democracia.

Es muy difícil augurar cuál va a ser el destino inmediato o mediato de esta revuelta popular. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con la política norteamericana, ellos siempre justifican su intervención en unas enmiendas que el Senado introdujo a los tratados del canal cuando fueron discutidos. Esas enmiendas —que nunca fueron aprobadas por el pueblo panameño— son contrarias al derecho internacional público y violentan la Carta de la ONU.

Por ejemplo, la Enmienda Nunn y la Enmienda DeConcini dicen que Estados Unidos puede intervenir en Panamá para defender el canal contra cualquier amenaza. Y que —según esas enmiendas, que solo Estados Unidos reconoce— pueden intervenir sin pedir el consentimiento del Estado soberano de Panamá. Obviamente eso es una brutal transgresión del derecho internacional que nosotros hemos rechazado en distintas instancias.

Así que pienso que uno de los países que está siendo agredido más ferozmente y cuya existencia nacional pende de un gobierno tan megalómano, mentiroso e irresponsable como lo es el presidente Donald Trump… Estamos a merced de un verdadero loco, loco que está trastornando no solamente a mi país, sino al mundo entero.

Gracias a Dios que por lo menos existe la iniciativa de los BRICS, que está promoviendo el multilateralismo, el respeto al derecho internacional público, la convivencia, la cooperación y, sobre todo, el desarrollo mutuo. Tenemos que buscar una alternativa fuera de este esquema.

Julio Yao: Perdón… nosotros gozamos de un buen proceso democrático, a pesar de que el control lo tenía la Fuerza de Defensa de Panamá. Pero con la invasión, eso culminó. Y sobre todo con la muerte de Torrijos, que fue asesinado en el año 81, en un atentado por Estados Unidos.

Así que después de la invasión del 89, por supuesto que nosotros como pueblo seguimos reclamando soberanía y no vamos a dar pie atrás. Pero lo que estamos diciendo es que hay una injerencia brutal de Estados Unidos dentro de la independencia panameña. Y el gobierno actual, me duele decirlo, ha demostrado ser totalmente entreguista.

El tipo… él llegó con los votos del expresidente Martinelli, que después se asiló en Colombia. Y el presidente Mulino realmente solamente ganó —entre comillas— con el 34% de los votos. Ahora, la mayor parte de la gente que votó por él está completamente arrepentida. ¿Por qué? Porque se ha visto que ha entregado completamente los intereses nacionales de Panamá.

Así que ya no tenemos lo que se llama la autodeterminación nacional, que de acuerdo con la Constitución recae en el pueblo mismo.

Ahora bien, en la actualidad, cuando uno consulta a las personas expertas en seguridad e inteligencia —gente que ha manejado el tema dentro de los militares y las policías— ellas resumen en muy pocas palabras lo que está pasando en Panamá. Dicen que la Fuerza Pública —porque Panamá no tiene ejército desde la invasión del 20 de diciembre de 1989, se prohibió tener ejército en la Constitución— está completamente politizada.

O sea, actualmente el crimen organizado ha penetrado completamente a la Fuerza Pública. La Fuerza Pública como tal no cumple con el bien común, o sea, con el bienestar de la sociedad en general. Hay un abuso de las planillas, hay altísimos salarios para las comisarias y altos funcionarios de la policía.

Diana: Julio, ya no te oímos. Algo pasó con tu micrófono. Se silenció. ¿Qué más pudo pasar? Okay.

Diana: Muchas gracias, Julio, por tu explicación sobre la situación actual de Panamá. Contigo vemos también la importancia de las injerencias extranjeras que tenemos en nuestra región. Pasaremos ahora a nuestra siguiente parte, que es acerca de las estrategias y reformas institucionales que se necesitan para redirigir las inversiones en seguridad hacia la construcción de paz, la justicia de género y el desarrollo sostenible.

Está con nosotras para hablar de este tema Daira Aguilar, directora general de Global Thought de México, politóloga y estratega enfocada en política exterior feminista y reforma de seguridad, quien ha trabajado ampliamente en la construcción de paz con enfoque de género y el diseño de políticas antimilitares.

Daira Aguilar: Claro que sí. Gracias. Bueno, es un honor estar aquí en este evento y compartir panel con grandes no solo especialistas, sino activistas en esta dimensión de la desmilitarización en el mundo.

Voy a compartir algunas de las consideraciones que, desde la organización que dirijo —Global Thought— tenemos sobre la desmilitarización y enfoques que consideramos un poco innovadores para lograr esta desmilitarización y una política de seguridad efectiva.

Desde Global Thought consideramos que la necesidad de pensar en estrategias y cambios institucionales para redirigir las inversiones en seguridad hacia la construcción de paz, la justicia de género y el desarrollo sostenible es innegable. Consideramos que las transformaciones no solo deben ocurrir en el ámbito gubernamental, sino también fuera de este.

La movilización de juventudes informadas y comprometidas con el respeto y la promoción de los derechos humanos para lograr que sus necesidades sean incorporadas en las agendas nacionales, bilaterales y multilaterales es un paso fundamental que todos los Estados del mundo pueden dar para entender que el uso de la fuerza no es la única vía para solucionar los problemas de seguridad.

Consideramos que los Estados que han dado pasos firmes para asumir sus políticas exteriores como feministas tienen un área de oportunidad para rediseñar no solo sus principios de política exterior, sino también sus políticas nacionales para redirigir el gasto gubernamental a la construcción efectiva de sistemas nacionales de cuidados.

La inversión que se ha hecho en defensa y seguridad ha aumentado los presupuestos de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad, sobre todo para comprar equipamiento, armamento y formación para utilizar estos instrumentos. Y esto no ha mostrado ser efectivo para mejorar la seguridad humana. Todo lo contrario: estos presupuestos invertidos en estos aspectos solo han facilitado que los actores estatales cometan violaciones graves a los derechos humanos.

Además, los países con política exterior feminista pueden posicionar en los foros multilaterales las agendas de cuidados, redistribución de la riqueza y los presupuestos gubernamentales, así como la desmilitarización gradual y sanciones efectivas para Estados que actualmente cometen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio.

Desde Global Thought somos conscientes de que algunas de las amenazas a la seguridad internacional requieren medidas militares para contenerse. Sin embargo, también estamos conscientes de que muchos de los problemas actuales de seguridad y violencia en contextos como el mexicano requieren de un mejor entendimiento de las dimensiones de género, como las masculinidades, tanto en las instituciones del Estado como en las comunidades, lo cual atraviesa significativamente por reducir la excesiva socialización que se le da a atributos como la valentía y el heroísmo en la sociedad, sin considerar que muchas de estas acciones son factores de riesgo.

En este sentido, queremos hacer un recordatorio sobre el rol de las armas de fuego. Si los Estados siguen gastando cantidades exorbitantes en armas pequeñas y ligeras para equipar a sus fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, es más probable que no inviertan en cuidados, en educación, en salud y en bienestar comunitario. Y que sigan, además, alimentando una industria que, más que garantizar la seguridad del mundo, limita el derecho a la vida de millones de personas.

Por ello, un aspecto importante a considerar es reducir la socialización que desde las infancias se hace hacia las armas de fuego. Los juguetes bélicos representan actualmente una alternativa para las personas cuidadoras de infancias con la finalidad de entretenerles. Sin embargo, hay que ser muy claros en lo siguiente: la violencia armada no es un juego. Por ello, instamos a los Estados —sobre todo aquellos con política exterior feminista— a regular la disponibilidad de juguetes bélicos en el mercado y a otorgar herramientas para que las personas cuidadoras no fomenten en las infancias roles de género que les hagan más propensas a buscar este tipo de juguetes que fomentan la violencia como muestra de masculinidad y dominación sobre otras personas.

Para concluir: desde Global Thought sabemos que ningún cambio es fácil ni de inmediatos resultados. Pero, al igual que con la agenda climática, estamos en un punto de no retorno si desde ahora no tomamos como sociedad global las medidas necesarias para redistribuir el gasto y enfocarnos en el desarrollo humano antes que en la aniquilación de nuestra especie.

Muchas gracias.

Diana: Muchas gracias a ti, Daira, por compartirnos unos minutos y por tu perspectiva de género en este tema. Vemos la importancia que tienen también los roles de género desde el inicio de lo que podría ser una mejor forma de contrarrestar la militarización que vivimos actualmente, sobre todo en el país. Y bueno…

Diana: Excelente. Ahora pasamos con Per Ortega. Si puedes abrir tu micrófono y empezar con tu participación.

Per Ortega: Pues muchas gracias por haberme invitado a este panel. Una satisfacción compartir con compañeros estudiosos del militarismo y de la seguridad de América Latina.

En primer lugar, quiero decir que yo no soy un experto en cuestiones de militarización de América Latina —aunque tengo algún trabajo hecho—, pero bien, no soy un experto. Por lo tanto, mi visión es una visión desde Europa, desde España. Les voy a dar mi impresión, cómo veo yo esta cuestión de América Latina, sobre todo partiendo del último informe que ha elaborado el SIPRI.

El SIPRI, supongo que lo conocéis, es el Instituto Internacional de Estudios para la Paz que analiza los conflictos, el gasto militar, el militarismo en el mundo. Y yo creo que es el centro de más prestigio, ubicado en Estocolmo, Europa, y de más prestigio mundial.

Basándome en el último informe, que ha salido ahora este mes de abril, haré un poco de análisis de cómo ve el centro —y cómo veo yo— esta cuestión de América Latina.

En primer lugar, también querría hacer una puntualización, una conceptualización sobre qué entiendo yo por militarismo desde el punto de vista académico. Podemos decir que es aquella visión que tienen una parte de los militares —tampoco diré que el 100%—, pero bueno, que cuando los militares pretenden presionar a los gobiernos para que adopten decisiones de fuerza delante de los conflictos. Es decir, militarización es presionar al gobierno civil desde el ámbito militar para que los conflictos sean resueltos con el uso de la fuerza, tanto en el ámbito nacional interno como en el internacional, en conflictos exteriores.

Eso se ha de entender por militarización. Porque no todos los militares son militaristas. También hay militares que se autodefinen como antimilitaristas. Solo como ejemplo: en 1975 en Portugal hubo la Revolución de los Claveles, llevada a cabo por oficiales del ejército que derrocaron —sin tirar un solo disparo— a un gobierno fascista, el de Salazar. Y fueron los propios militares quienes lo echaron abajo. Por lo tanto, no eran militaristas.

Dicho esto, quiero referirme al último informe del SIPRI.

Este informe pone el acento en que, por primera vez, nunca en la historia de los años recientes había aumentado tanto el gasto militar mundial: concretamente, un 9.4% respecto al año 2023. Tenemos las cifras de 2024, llegando a la absurda —y violenta también, luego diré por qué— cifra de 2,718,000 millones de dólares. Igual al 2.5% del PIB mundial.

Eso es una locura. Es una barbaridad.

¿Y dónde se ha dado mayormente ese aumento del gasto militar? En Europa. En Europa en este momento —supongo que lo sabéis— hay un proceso de rearme brutal, bajo la sospecha de que Rusia podría atacar cualquier otro país europeo después de la guerra de Ucrania y que pudiera invadir algún país europeo.

Yo creo que eso es una falacia y lo desmiento, porque eso representaría una guerra europea y una guerra mundial. Porque invadir un país miembro de la OTAN o de la Unión Europea obligaría a una respuesta unánime de todo el resto de países, como así dice el artículo 5 de la OTAN: el “todos para uno y uno para todos”. Es decir, si alguien recibe un ataque, el resto de miembros tienen que responder. Por lo tanto, no creemos —yo personalmente no creo— que Vladimir Putin tenga la locura de atacar un país europeo porque sería una guerra mundial. Una guerra mundial que habría de enfrentar a todos los países europeos, 27 nada menos. Si contamos también a Estados Unidos, Canadá y Turquía, serían 31. Por lo tanto, no lo creo.

Pero el hecho es que ese rearme sí está provocando —al menos en Europa— una militarización.

Y ahora me voy a América Latina.

Per Ortega: Precisamente, lo que dice el SIPRI respecto al gasto militar es que América Latina está descendiendo su gasto militar. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que va por buen camino.

Luego hablaré de lo que entiendo yo por militarismo, porque eso no quiere decir que no haya militarismo en América Latina. Pero el hecho es que, en conjunto, todos los países de América Latina han descendido su gasto militar en el último año un 1.5%. Eso quiere decir que gastan menos en armamento y en fuerzas armadas.

Por lo tanto, digamos, está en el buen camino. No como en Europa, que hemos aumentado un 16%, o Estados Unidos, que ha aumentado otro 10%. Rusia —pues claro, está en guerra— ha aumentado un 25%.

América Latina desciende, y si desciende el gasto militar eso quiere decir que, desde el punto de vista de dedicar más recursos a los ámbitos civiles, se está produciendo, y eso es una buena noticia.

En su conjunto, América Latina —y esto es interesante— solo en lo que es América Central y el Caribe, respecto al PIB, gasta el 0.17%. El mundo, ya lo he dicho, está en el 2.5%. En Europa tenemos más del 2% de promedio. En cambio, el Caribe y América Central, un 0.17%. Es decir, bien, es un gasto reducido.

América del Sur algo más: el promedio es del 2%. Es bastante más. Pero en el ranking mundial —cuando se hace el ranking mundial de los 198 países que gastan en defensa— resulta que el país de América Latina que está en el lugar más alto es Brasil, en el puesto 21. Ya sabemos que Brasil es la potencia militar más fuerte de Sudamérica, pero está en el lugar 21. Por delante están otros 20 países, principalmente europeos. Evidentemente, Estados Unidos está en primer lugar, no hace falta decirlo.

El segundo en América Latina es México, en el puesto 22. Y el tercero es Colombia, en el puesto 24. Colombia, que era el país más militarizado, ese sí, gasta por encima del 2%: gasta el 3.4% de su PIB.

En cambio, Brasil —siendo el número 21 y la potencia militar más importante de América Latina— gasta respecto a su PIB un 1%. Por lo tanto, no mucho. Y México, el 0.9%.

Bien, hechas estas explicaciones, desde el punto de vista teórico, América Latina está en buen camino. No dedica excesivos recursos a la militarización de sus países.

Lo que pasa —y aquí vamos al otro ámbito, y mis compañeras y compañeros que me han precedido lo han expresado, y estoy de acuerdo con ellas— es que, para ellos, la militarización no significa solo gastar mucho en armas. Puede no dedicarse muchos recursos al rearme en América Latina, pero en cambio las fuerzas armadas pueden ser muy militaristas, en el sentido de ser el brazo armado de los propios Estados en la represión de la población interior.

Eso quiere decir que, de alguna manera —como decía al principio— militarización es abogar por el uso de la fuerza ante los conflictos internos en América Latina. Porque en los conflictos externos no hay ningún país de América Latina que intervenga en ningún conflicto del mundo. Ninguno.

Por lo tanto, es un continente pacífico desde el punto de vista de política exterior. No es el caso —ya no digamos de Estados Unidos— pero sí de Europa, que participa en muchos conflictos en el mundo, y por lo tanto resuelve los conflictos a nivel internacional utilizando la fuerza militar.

No es el caso de América Latina.

Pero, en cambio, en la represión interna de sus conflictos sí que se utiliza el militarismo. Y por lo tanto ahí —repito— doy toda la razón a mis compañeros y compañeras que me han precedido.

Per Ortega: Y bien, para concluir, ¿qué propongo yo para una desmilitarización? ¿Qué propongo para que no solo disminuya el gasto militar —que ya he dicho que ha disminuido— sino que también se reduzca la presencia de las fuerzas armadas en la vida pública, que se retire a los militares de las calles y se les regrese a sus cuarteles?

Bueno, mi propuesta tiene varios ejes:

Uno, reforzar la seguridad civil. Esto quiere decir que los Estados deben invertir más en formación de cuerpos civiles de seguridad, en policías nacionales o regionales que estén profesionalizadas, con formación en derechos humanos, que tengan supervisión civil y mecanismos de rendición de cuentas. Solo así se puede retirar a los militares de las tareas de seguridad pública.

Dos, fomentar la educación para la paz. Y esto empieza desde la infancia. Hay que enseñar en las escuelas y en las comunidades que los conflictos se pueden resolver sin violencia, que existen métodos de mediación, de diálogo, de justicia restaurativa, de construcción de paz. La cultura de paz no se decreta, se construye.

Tres, transparencia en los presupuestos. Hay que exigir que los presupuestos militares sean públicos, que se debata en los parlamentos cada compra de armamento, cada gasto en defensa. La opacidad favorece la corrupción y los abusos. Y en América Latina eso ha sido histórico.

Cuatro, alianzas regionales por la paz. América Latina tiene una tradición de declarar la región como zona de paz. Esto debe retomarse con fuerza. Los Estados pueden cooperar en defensa común sin necesidad de aumentar los gastos ni de involucrarse en alianzas militares como la OTAN. La CELAC, UNASUR o MERCOSUR pueden y deben retomar la agenda de desmilitarización.

Y finalmente, hay que empoderar a la sociedad civil. Los movimientos sociales, las universidades, los sindicatos, los pueblos indígenas, las mujeres organizadas, la juventud... Todos deben tener voz en el diseño de las políticas de seguridad. No puede seguir siendo un campo exclusivo de generales y tecnócratas.

Quiero cerrar con una frase de un viejo pacifista español, Arcadi Oliveres, que decía: "Las armas no traen la paz. La paz se construye con justicia, con igualdad y con dignidad para todos".

Muchas gracias.

Diana: Muchas gracias, Per, por tu análisis tan completo y por ofrecernos también un punto de vista desde Europa sobre lo que está ocurriendo en nuestra región. Me parece fundamental rescatar lo que mencionas de que si bien América Latina ha bajado el gasto militar, eso no necesariamente significa que haya menos militarización o menos violencia. Y también es clave lo que mencionas sobre el rol de la sociedad civil y la rendición de cuentas.

Pasamos ahora con Pablo Ruiz Espinosa, coordinador de la Oficina Chile para el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina —el Servicio Paz y Justicia—, conocido también como SERPAJ. Adelante, Pablo.

Pablo Ruiz Espinosa: Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a Diana y al equipo que ha organizado este espacio tan importante. Yo soy parte de SERPAJ, una organización no gubernamental con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. También participamos en la Red Latinoamericana de Seguridad Humana. Y como ya mencionaron algunas compañeras y compañeros antes, venimos trabajando el tema de militarización desde una perspectiva crítica y popular.

Yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo el gasto militar afecta no solo los presupuestos y la economía, sino también las formas de vivir, de organizarse y de imaginarse el mundo.

Hoy en América Latina estamos viviendo una ofensiva militarista que se disfraza muchas veces de seguridad ciudadana o de lucha contra el crimen organizado. Pero lo que está en juego en el fondo es un modelo que pone la fuerza por encima del diálogo, que pone las armas por encima de los derechos, y que convierte a nuestras comunidades en zonas de guerra.

En Chile, como mencionó Félix, llevamos años con presencia militar en el territorio mapuche. Esto ha significado no solo violencia directa, sino también un mensaje muy claro: que el Estado prefiere tratar con balas lo que debería tratarse con diálogo y reparación histórica.

Y esto no es solo en Chile. En Colombia, en México, en Perú… vemos cómo la militarización se usa para controlar la protesta social, para proteger intereses extractivistas, para blindar fronteras, y también para criminalizar a los pueblos indígenas, a las juventudes, a las mujeres, a quienes luchan.

Y todo esto se sostiene con presupuestos públicos. Se compran tanques, se compran helicópteros, se compran fusiles. Se entrena a la policía con lógicas de guerra. Se gastan millones mientras nuestras escuelas se caen, mientras no hay hospitales en zonas rurales, mientras las personas mayores no pueden vivir con dignidad.

Nosotros creemos que hay que invertir la ecuación. Que la seguridad verdadera no se construye con miedo, sino con derechos. Que la paz no es solo ausencia de conflicto armado, sino presencia de justicia social.

Por eso, en SERPAJ hablamos de seguridad humana, entendida como el acceso a una vida libre de violencia estructural: es decir, libre del hambre, del racismo, del patriarcado, de la discriminación, del extractivismo. Y eso no se logra con más armas. Se logra con más comunidad, más salud, más educación, más participación.

Quiero terminar con una propuesta concreta: que las Naciones Unidas y los Estados miembros escuchen a las comunidades que viven en los territorios más militarizados. Que no tomen decisiones de seguridad sin consultar a quienes sufren las consecuencias. Y que se comprometan a reducir progresivamente los presupuestos militares y a destinar esos recursos a políticas públicas con enfoque de derechos.

Como decía Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y fundador de SERPAJ: “La paz no es algo que se impone. La paz se construye con el pueblo”.

Muchas gracias.

Diana: Muchas gracias por tu intervención, por ponernos en contexto de nuevo con nuestra situación en América Latina

Ahora pasamos con Juliana Villano, profesora de la Universidad Federal de Santa Catarina e investigadora en el Instituto de Migración y Derechos Humanos de Brasil. Juliana ha trabajado ampliamente temas de seguridad pública, militarización y cooperación regional en América del Sur. Adelante, Juliana.

Juliana Villano: Muchas gracias, Diana. Y muchas gracias también por la invitación a este espacio, tan importante. Agradezco a cada una de las intervenciones anteriores; realmente han sido muy valiosas.

Yo vengo trabajando desde hace tiempo la cuestión de la militarización de las políticas de seguridad pública en América Latina, sobre todo desde una perspectiva crítica. Voy a intentar compartir algunas ideas que están organizadas en torno a tres dimensiones que considero fundamentales para repensar los presupuestos de seguridad en la región: la estructura regional, el modelo de seguridad pública, y el control social y político de las fuerzas armadas y de seguridad.

Primero, en cuanto a la estructura regional, hay que recordar que América Latina arrastra profundas desigualdades sociales, una fuerte dependencia externa y una historia de intervención militar en la política. Esto ha condicionado enormemente las formas en que se organizan las instituciones de seguridad y defensa. En muchos países todavía se mantiene una doctrina de seguridad nacional heredada de la Guerra Fría, que prioriza el control interno por encima de la protección de la ciudadanía.

En segundo lugar, respecto al modelo de seguridad pública, vemos que hay una tendencia preocupante hacia lo que llamamos “seguridad ciudadana armada”. Es decir, políticas que, bajo el discurso de proteger a la población, en realidad militarizan los territorios pobres, racializan la violencia, y promueven una lógica de guerra contra el enemigo interno —que muchas veces es el joven pobre, negro, indígena, migrante.

En Brasil, por ejemplo, el modelo de seguridad está fuertemente basado en la represión y el castigo. Las policías militares —que no son fuerzas armadas, pero que funcionan como tales— actúan bajo el mando de los gobernadores estatales y tienen amplio poder para ejercer violencia, muchas veces con impunidad. El resultado es una altísima letalidad policial, especialmente contra jóvenes negros en las periferias urbanas.

Y esto se repite en otros países de la región. En Colombia, en México, en Perú, vemos cómo las fuerzas de seguridad actúan más como ejércitos de ocupación que como servidores públicos.

Tercer punto: el control social y político. Una de las principales debilidades de nuestros sistemas democráticos es la falta de mecanismos eficaces de control sobre las fuerzas armadas y de seguridad. Hay muy poca transparencia presupuestaria, escasa rendición de cuentas, y muchas veces las violaciones a los derechos humanos no son investigadas ni sancionadas adecuadamente.

Esto crea una cultura de impunidad y de poder autónomo que debilita la democracia. Y además, como se mencionó anteriormente, abre espacio para pactos entre elites políticas, militares y económicas que refuerzan la exclusión y la violencia estructural.

Por eso, desde una perspectiva democrática y de derechos, es urgente repensar los presupuestos de seguridad. Necesitamos políticas de seguridad que partan del respeto a la vida, a la dignidad humana, y que estén orientadas a reducir las violencias estructurales, no a controlarlas con más armas.

Necesitamos invertir en políticas sociales, en justicia restaurativa, en prevención comunitaria, en cuidados. Y también en el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana en la construcción de estas políticas.

Finalmente, creo que es importante que retomemos la agenda de cooperación regional para la paz. América Latina es una región sin guerras interestatales, pero con altísimos niveles de violencia interna. Si queremos un futuro con seguridad, tenemos que apostar por la integración, la justicia social, y la desmilitarización de nuestras sociedades.

Muchas gracias.

Diana: Muchas gracias, Juliana, por tu participación y por compartir con nosotras tu experiencia, especialmente en torno a las políticas públicas para evitar la militarización. Creo que es un tema que no habíamos abordado tanto hasta ahora.

Vamos a continuar con el Dr. William Marcy. Luego escucharemos la intervención del Dr. Gustavo Flores-Macías, quien ya está preparado. Dr. Marcy, su micrófono está cerrado... perfecto. Adelante.

Dr. William Marcy: Gracias. Mi ponencia trata sobre la militarización en el contexto de la "guerra contra las drogas" y los graves problemas asociados a esta estrategia. He redactado mi trabajo en inglés, pero si prefieren, puedo hacer la presentación en español.

Diana: Tenemos una persona encargada de la traducción, así que puede continuar en inglés. Para quienes nos escuchan, habrá interpretación simultánea.

Dr. William Marcy: Gracias. La estrategia de militarización nunca ha ofrecido resultados sostenibles en América Latina en el marco de la guerra contra las drogas. Esta guerra, iniciada bajo el gobierno de Richard Nixon, ha provocado distorsiones profundas en las sociedades latinoamericanas. Nunca ha resuelto los problemas estructurales de oferta y demanda de sustancias prohibidas. Al contrario, ha fortalecido las economías ilícitas, convirtiendo las drogas en mercancías altamente rentables.

Esto ha permitido que el narcotráfico gane un poder enorme, estimado en una economía de al menos 5 mil millones de dólares, con capacidad para subvertir las estructuras sociales y políticas en la región.

La aplicación de estrategias militarizadas ha ignorado sistemáticamente los derechos humanos y ha incrementado la corrupción tanto en las fuerzas armadas como en los gobiernos. Esto ha tenido consecuencias graves en países como Colombia, Perú, México y en toda Centroamérica.

Por ejemplo, en 1989 comenzó la estrategia conocida como la Andean Initiative, que más tarde se consolidó con el Plan Colombia en 1998, militarizando el conflicto colombiano. En Perú, el caso de Sendero Luminoso se mezcló con la narrativa antidrogas, afectando directamente a comunidades campesinas e indígenas cuya economía giraba en torno a la hoja de coca. Bolivia vivió una situación similar.

Estados Unidos comenzó a equiparar insurgencia y narcotráfico, considerando a grupos armados como "narco-guerrillas", lo cual justificó la militarización en varios países de la región.

Tras la desarticulación de los grandes carteles colombianos, como el de Medellín, en los años 90, surgieron nuevos carteles más fragmentados y menos controlables. Es en este contexto que los carteles mexicanos, como el de Guadalajara, el de Juárez con Amado Carrillo Fuentes, y el del Golfo con García Abrego, tomaron protagonismo, extendiendo su influencia y corrupción.

La Iniciativa Mérida, implementada en 2007 bajo el gobierno de Felipe Calderón en México, fue otro ejemplo de cómo la militarización exacerba la violencia. El número de homicidios se disparó de 2,000 a 15,000 en pocos años, reflejando las consecuencias nefastas de esta estrategia.

Centroamérica, ya devastada por décadas de guerras civiles y una estructura económica colonial exportadora, quedó vulnerable. La falta de desarrollo alternativo sostenible permitió la expansión de los carteles mexicanos en países como El Salvador, Honduras y Guatemala.

Además, políticas como las deportaciones masivas desde Estados Unidos durante el gobierno de Bill Clinton contribuyeron al fortalecimiento de pandillas como la MS-13 y Barrio 18. Estas organizaciones florecieron en un contexto de precariedad estructural, ausencia de infraestructura y políticas neoliberales que erosionaron los mercados locales.

En el caso de Chiapas, tras el levantamiento zapatista en 1994, el gobierno mexicano respondió con represión militar. Esta región, históricamente marginada, se convirtió en un corredor clave para el tráfico de drogas debido al vacío institucional y la militarización, a pesar de que los zapatistas estaban en contra del narcotráfico.

La reducción de aranceles por tratados como el TLCAN (NAFTA) desplazó a millones de personas indígenas y rurales, forzándolas a migrar a las ciudades sin posibilidades de empleo formal. Allí encontraron en las pandillas y el crimen organizado una alternativa para sobrevivir, especialmente en el Triángulo Norte.

En los Andes, campesinas y campesinos productores de coca se vieron atrapados entre insurgencias armadas, el narcotráfico y las operaciones militares. El problema con la militarización es que muchas personas inocentes quedaron atrapadas en el fuego cruzado, especialmente cuando se confundieron políticas de lucha contra el narcotráfico con estrategias contrainsurgentes.

En México, los abusos de derechos humanos están documentados desde la masacre de Tlatelolco hasta la llamada "guerra sucia", donde el Estado reprimió brutalmente cualquier disidencia política. Esto se agravó cuando se asociaron la resistencia campesina y los cultivos de drogas con la subversión política.

Esto creó un entorno donde la disidencia fue criminalizada y la militarización se utilizó como herramienta de represión. La desaparición de las 43 personas estudiantes de Ayotzinapa en 2014, durante la implementación de la Iniciativa Mérida, ejemplifica las consecuencias trágicas de estas políticas: estudiantes inocentes fueron víctimas de una alianza perversa entre autoridades y crimen organizado.

En conclusión, la militarización de la guerra contra las drogas ha sido contraproducente. Ha intensificado la violencia, debilitado las instituciones democráticas, socavado los derechos humanos y generado más problemas de los que ha resuelto.

Gustavo Flores Macías: Bueno, creo que es mi turno. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación y un placer compartir el panel con ustedes.

Me disculpo de antemano porque tengo un compromiso que empezó hace unos minutos, así que tendré que ser sumamente breve. Pero quisiera compartir mi pantalla para mostrar una presentación que ayuda a estructurar un poco la exposición.

Bueno, espero que puedan ver ahí mi pantalla.

La presentación, desde luego, tiene que ver con estos temas. Yo me dedico a estudiar sobre todo cuestiones de militarización en América Latina y sus consecuencias para la democracia y los derechos humanos en la región.

La pregunta principal que guía mi investigación —y que presento aquí— es: ¿de qué manera han afectado las crisis de seguridad pública a la democracia en América Latina?

En la organización de la charla, brevemente, primero discutiré el atractivo de las políticas de mano dura contra la delincuencia, que desde luego están ligadas a la militarización misma. En segundo lugar, hablaré sobre cómo estas crisis de seguridad se han utilizado para expandir los poderes del Ejecutivo a costa de otros poderes del gobierno, y de los derechos humanos. Y finalmente cerraré con las consecuencias para la democracia.

Mi argumento principal es que las crisis de seguridad que vivimos hoy en América Latina han abierto la puerta a lo que se puede llamar "populismo punitivo": la búsqueda de soluciones aparentemente fáciles y de corto plazo, como las políticas de mano dura, para enfrentar el problema de la seguridad pública. Y esto tiene consecuencias institucionales muy importantes.

En concreto, lo que encontramos es una expansión del poder del Ejecutivo, debilitando tanto a otros poderes del gobierno —como el Legislativo y el Judicial— como a los gobiernos subnacionales y a las instituciones de derechos humanos.

Los dos mecanismos principales que identifico son:

Uno: el uso de estados de excepción, que permiten concentrar más poder en el Ejecutivo, limitar derechos civiles y aplicar políticas represivas con mayor impunidad.

Dos: el reemplazo de las policías civiles por el ejército para realizar tareas de seguridad pública.

El punto de partida es un presidencialismo histórico en América Latina —incluso un hiperpresidencialismo en algunos países— combinado con niveles muy altos de violencia y criminalidad, y cuerpos policiales muchas veces corruptos, ineficientes o debilitados.

Esto hace que la ciudadanía esté dispuesta a aceptar —o incluso exigir— respuestas rápidas, aunque pongan en riesgo la democracia.

No voy a poder detenerme en cada caso, pero es importante mencionar que esta lógica no es exclusiva de El Salvador. También ocurre en países como Ecuador, Honduras, México, y hasta en Chile, donde los niveles de violencia no justifican estas medidas, pero igual se recurre al ejército.

La militarización, entonces, tiene un impacto directo sobre la calidad democrática, al limitar derechos, debilitar contrapesos y fomentar la impunidad. A menudo, incluso cuando hay tribunales civiles, se muestra una deferencia excesiva hacia los militares, lo cual perpetúa la impunidad.

Y por supuesto, se afecta la rendición de cuentas local y se desplaza el control que deberían ejercer las comunidades sobre su propia seguridad.

Lamento tener que cerrar aquí por razones de tiempo. Muchas gracias por su atención y nuevamente gracias por la invitación.

Diana: Muchas gracias, Gustavo. Has resumido de forma muy clara cómo la militarización debilita instituciones y crea condiciones para autoritarismos. Lo que dices sobre el populismo punitivo resuena mucho en nuestros contextos. Gracias a ti por darte el tiempo, de todos modos quedarte un breve momento. Muchas gracias.

Bueno, vamos a pasar a continuación con las palabras de cierre de parte de Carmen Capriles, fundadora de Reacción Climática de Bolivia, activista climática, feminista y experta en política ambiental. Su trabajo vincula el extractivismo, la militarización y la justicia climática, con énfasis en soluciones indígenas y feministas.

Carmen Capriles: Sí, muchas gracias. Justamente uno de los temas en los que nos estamos concentrando ahora es...

Bueno, mi organización se llama Reacción Climática y trabajamos temas de cambio climático. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos luchado —si vale el término— por tener una transición energética justa, democrática, que ayude a que la energía sea más accesible y no tengamos que depender tanto de los combustibles fósiles, porque ustedes saben la cantidad de problemas que estos traen, especialmente relacionados al cambio climático.

Se ha logrado en cierta medida que exista un tipo de transición. Ahora hablamos de autos eléctricos, hablamos de turbinas eólicas... No hemos llegado a donde nos gustaría, pero lastimosamente en ese proceso hemos determinado dos problemas que son muy importantes y que nadie los está hablando, y que son aún más importantes para la región de América Latina.

Uno de estos problemas —y ustedes ya hicieron alusión— es que para la transición energética se necesitan tierras raras y minerales críticos. Para mí lo de “minerales críticos” siempre ha sido algo muy... ¿por qué críticos? Yo he crecido con el tema del litio, con todos los temas que Bolivia viene trayendo en relación a la minería. Entonces, esto es una mancha más al tigre.

Y el tema es que esta transición energética ha generado, otra vez, un boom de la minería de muchos de estos minerales, una demanda a nivel exterior. Lastimosamente, el segundo problema es que no es solamente la demanda para una transición bonita, justa —hacer turbinas, autos eléctricos, etcétera—, sino que, desde que Rusia decide invadir Ucrania y empiezan a haber conflictos bélicos de mayor nivel, existe una demanda de estos materiales para la elaboración de armas y de armamento.

Y uno de los principales —bueno, no el principal, pero sí uno de los proveedores— viene a ser América Latina.

Uno de los roles de los que nunca hablamos es el rol de América Latina en contextos bélicos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, América Latina brindó cobre, estaño, manganeso para la fabricación de armas. Y éramos completamente “neutros” respecto a quién le vendíamos: podía ser uno u otro lado.

Actualmente, debido a redes sociales, las alianzas están más claras. Sin embargo, seguimos teniendo esta desventaja: nuestros recursos naturales promueven el extractivismo, promueven zonas de sacrificio, impactan a comunidades locales. Y si bien no sufrimos la militarización como se vive en otras regiones del mundo, estamos dentro de una estructura global que escala rápidamente hacia un conflicto más amplio.

Y además, aunque no tengamos guerras entre países, América Latina vive en constante conflicto. Cambiamos presidentes, luchamos por educación, por salud, y muchas veces nos enfrentamos a la represión militar cuando el Estado no cumple su contrato social. Esa presencia militar también genera una relación de poder desigual entre la población y el Estado.

Por último —y con esto quiero concluir—, si bien se están extrayendo minerales que cubren una demanda militar internacional, las regalías que deja esta actividad en nuestros países son bajísimas. En la mayoría de los casos no dejan ni el 5%. Y hay que preguntarse: ¿quiénes se están beneficiando? ¿Quiénes son los intermediarios entre la mina y el mercado global?

Ahí es donde los gobiernos también son cómplices, permitiendo que nuestros recursos salgan del país y solo nos dejen migajas.

Creo que el panorama es muy complejo. Han sido muchas luces las que escuchamos hoy. Espero haber resumido un poco de la charla y haber logrado vincularlo con el cambio climático.

Pero es necesario que en América Latina sigamos hablando y promoviendo procesos de paz y desmilitarización, porque el gasto militar es, muchas veces, innecesario.

Muchas gracias.

Diana: Muchas gracias a ti, Carmen, por estas palabras de cierre. Y bueno, gracias a todas y a todos por su activa participación. Esperamos que esta consulta alimente un diálogo más amplio sobre la necesidad de repensar el gasto militar a nivel global.

Les invitamos también a mantenerse en contacto. Tenemos una lista de registro.

Jorge: Hola, espero puedan escucharme. Fue un gusto aprender de todes. Te agradezco, Carmen, por el cierre. Creo que recuperaste muy bien los elementos, conceptos que diferentes panelistas compartieron, y gracias por aterrizarlo a tu país también, Bolivia.

Creo que conocer ejemplos concretos, casos en donde podamos poner el ojo, es muy útil para después comparar con los demás países y con la región en general.

Una disculpa si no seguimos el orden de las preguntas, aunque yo privilegio siempre una discusión nutrida, un debate basado en la actualidad y no en un guion preestablecido, sino en el flujo natural de la conversación.

Colgaré el webinar en nuestra página web. Pueden consultar el enlace cuando se los envíe, y feliz de continuar la conversación en próximos paneles.